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El TSJ da la razón a la Conselleria de Igualdad y avala la instalación del centro de menores en Montecanyada

El fallo acusa al Ayuntamiento de Paterna de "un acto de insolidaridad colectiva", pero esta sentencia no es firme y todavía cabe recurso ante el Supremo.

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El Tribunal Superior de Justicia ha fallado a favor de la Conselleria de Igualdad y avala la instalación del centro de menores que ejecutivo de Sagredo trató de paralizar mediante la congelación de la concesión de licencias asistenciales en suelo privado. Para esta moción contó con el apoyo plenario de PP, Ciudadanos y los tres ediles no adscritos, y su periodo de vigencia estaba previsto hasta la aprobación de un nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).

Sin embargo, la justicia no está de acuerdo con las razones aportadas por el Ayuntamiento de Paterna para paralizar el centro que la Conselleria dirigida por Mònica Oltra proyectó en un chalet de Montecanyada, y además afirma que la suspensión de licencias “tiene el objeto de impedir la adecuación de viviendas para que puedan ser utilizadas como elementos destinados a la asistencia social, y ese argumento es expresión de un fuerte contenido de insolidaridad colectiva“. Estas palabras quedan recogidas en la sentencia del TSJ que el diario Levante ha hecho pública.

Es por este motivo que el juez ha decidido levantar la suspensión sobre la licencia, pero ha explicitado que esto no implica la puesta en marcha inmediata del centro de menores. Ahora, el Ayuntamiento de Paterna deberá volver a tramitar la solicitud de la licencia, y tan solo podrá denegarla “siempre que concluyan en razones legales para ello” continúa el fallo.

Esta sentencia del TSJ no es firme y el Ayuntamiento de Paterna podría recurrir al Tribunal Supremo.

 

El centro de menores

El proyecto del centro de Montecanyada suponía la rehabilitación y acondicionamiento de un chalet privado para albergar a un máximo de dieciocho menores. Sin embargo, los vecinos de la zona se opusieron severamente a esta medida porque consideraban que traería delincuencia al barrio. Las tensiones entre los simpatizantes y opositores del centro crecieron hasta tal punto que obligaron al Ayuntamiento a pronunciarse al respecto.

Concretamente, el Partido Socialista presentó ante el plenario municipal una moción que buscaba congelar la concesión de licencias asistenciales en suelo privado (las destinadas a centros de menores y de discapacitados) hasta que se elaborase un nuevo PGOU y se realizase una consulta vecinal. La moción salió adelante con la fuerte oposición y crítica de Compromís, PASIP e IU. Los desencuentros entre partidos escalaron hasta el punto de que los socialistas amenazaron a su entonces socio de gobierno Compromís con romper el Pacto del Batán si la concejalía de urbanismo, dirigida por el valencianista Carles Martí, concedía la licencia.

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