El Ayuntamiento realizará las notificaciones que impone la Ley pero suspende cautelarmente cualquier cobro de recibos a través de la vía ejecutiva.
El Ayuntamiento de Paterna mantendrá la suspensión cautelar de las liquidaciones pendientes de pago de la Tasa de Basuras, que fue derogada en 2007, a la espera de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo que debe decidir sobre la legalidad de la misma.
Debido a un imperativo legal cuando se cumplen cuatro años desde que se emitieron dichos recibos, el Ayuntamiento tiene la obligación de notificar a los interesados la obligación de pago que mantienen con el consistorio. Sin embargo el Ayuntamiento recuerda en la misma notificación que la corporación “mantiene la suspensión cautelar de dichas liquidaciones, y que lo seguirá haciendo mientras no haya una sentencia definitiva que obligue a este Ayuntamiento a efectuar dicho cobro”. Desde el consistorio se indica también a los afectados que “si se llegara a ese extremo, este Ayuntamiento recurriría a nuevas fórmulas para cumplir su compromiso de no cargar a los vecinos los costes de este servicio”.
La Teniente Alcalde de Gestión Municipal, Sara Álvaro, recuerda que el actual Equipo de Gobierno nunca estuvo de acuerdo con la implantación de dicha Tasa, “por considerarla lesiva para los intereses de los vecinos de Paterna, por lo que procedió a derogarla en julio de 2007”. La concejala señala que “los vecinos de Paterna mostraron también su descontento con la presentación masiva de recursos contra la instauración de la Tasa impuesta por el equipo de gobierno anterior, lo que derivó en un proceso judicial que todavía no ha concluido”. De forma paralela, y para no provocar un agravio comparativo entre vecinos el Ayuntamiento pasó a compensar a los vecinos que sí pagaron la tasa a través del Ecobono. A esta fórmula se han acogido miles de vecinos de Paterna, quedando el plazo de solicitud abierto indefinidamente para aquellos que aún no lo han hecho.
De igual modo, desde la corporación municipal recuerdan que mantendrán “en el uso de sus competencias el compromiso de no imponer nuevas tasas o impuestos por la recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos”.







